Después de sufrir una estafa, un acceso ilícito u otro ciberdelito, los correos electrónicos, mensajes, archivos y dispositivos pueden aportar información importante para la
investigación. Sin embargo, borrar contenidos o modificar los archivos puede dificultar su análisis.
Actuar con rapidez y conservar las evidencias de forma ordenada ayuda a explicar lo sucedido y facilita la preparación de la denuncia.
¿Qué se considera una prueba digital en un procedimiento penal?
Una evidencia digital es información almacenada, generada o transmitida por medios electrónicos que puede ayudar a esclarecer los hechos investigados. Entre los ejemplos
habituales se encuentran:
● Correos electrónicos y conversaciones de mensajería.
● Capturas de perfiles, anuncios o páginas web.
● Fotografías, vídeos y archivos de audio.
● Justificantes de transferencias y pagos.
● Avisos de acceso a cuentas y registros informáticos.
Además del contenido visible, pueden ser relevantes los datos técnicos asociados, como las fechas o los encabezados de un correo.
Las capturas de pantalla pueden resultar útiles, pero no siempre muestran el origen ni el contexto completo. Por eso, conviene conservar también los mensajes originales, las conversaciones completas y las direcciones URL.
La valoración de estas evidencias depende de su autenticidad, integridad y forma de obtención. Si existen dudas sobre su manipulación, puede ser necesario un análisis pericial.
Haber sufrido un delito no autoriza a acceder a cuentas o dispositivos ajenos para obtener información.
Cómo conservar correctamente las evidencias de un ciberdelito
El primer paso es anotar una cronología: cuándo se detectó el incidente, qué ocurrió, qué cuentas o dispositivos resultaron afectados y qué medidas se adoptaron.
Siempre que sea posible, deben guardarse los archivos originales y realizar copias seguras, evitando modificarlos. También conviene registrar quién recopiló cada evidencia, cuándo y de dónde procede, para facilitar su trazabilidad.
No es recomendable formatear dispositivos, reinstalar sistemas o eliminar aplicaciones que puedan necesitar un análisis. Tampoco deben abrirse nuevamente enlaces sospechosos ni descargarse archivos maliciosos para intentar conseguir más pruebas.
Si existen pagos fraudulentos, debe contactar cuanto antes con el banco y conservar los justificantes y las referencias de las reclamaciones. Esta actuación no garantiza recuperar el dinero, pero puede ayudar a gestionar el incidente.
En las empresas, también deben preservarse los registros y las copias de seguridad relevantes antes de que se sobrescriban.
De la recopilación de pruebas a la presentación de la denuncia
La denuncia debe acompañarse de una explicación clara y cronológica, junto con una relación ordenada de las evidencias disponibles. Conviene incluir las fechas, los perfiles o cuentas utilizados, los sistemas afectados, el perjuicio económico y las gestiones realizadas.
La víctima no necesita determinar definitivamente qué delito se ha cometido. Lo esencial es describir los hechos y aportar la información que permita investigarlos.
No conviene retrasar la denuncia esperando reunir todas las pruebas: algunos contenidos pueden desaparecer y determinados datos deberán solicitarse a bancos, plataformas u operadores durante la investigación.
En NQ Abogados podemos analizar las evidencias disponibles, orientar sobre su conservación y preparar la denuncia y la estrategia penal adecuada para cada caso.
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